La región del Catatumbo vive hoy una emergencia humanitaria sin precedentes, con comunidades atrapadas en medio de una guerra sin cuartel entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP. La violencia desatada desde inicios de este año ha dejado un saldo alarmante: más de 71 personas asesinadas, al menos 56.000 desplazadas y cerca de 47.000 niños y niñas sin acceso a la educación.

Los municipios más afectados, entre ellos Tibú, El Tarra y Teorama, han visto cómo las balaceras, secuestros, amenazas y restricciones de movilidad se convirtieron en el pan de cada día. A causa de los enfrentamientos armados, más de 32.000 personas permanecen confinadas en sus hogares, sin posibilidad de huir ni de acceder a ayuda humanitaria.

Frente a la gravedad de los hechos, el Gobierno Nacional declaró la conmoción interior y ordenó el despliegue de más de 10.000 uniformados del Ejército y la Policía en la zona, con el objetivo de retomar el control territorial y proteger a la población civil. Sin embargo, líderes comunitarios aseguran que la militarización por sí sola no es suficiente y piden con urgencia soluciones integrales.

"Estamos viviendo un infierno. La gente tiene miedo de salir de sus casas, no hay clases, no hay comida, no hay médicos. Es como si nos hubieran olvidado", relató a medios locales una madre desplazada desde el corregimiento de La Gabarra.

El impacto económico también ha sido devastador. Las pérdidas por cosechas abandonadas, cierre de comercios y destrucción de infraestructura superan los 127.000 millones de pesos, según estimaciones preliminares de la Defensoría del Pueblo.

Organismos internacionales como la ONU, la Cruz Roja y Human Rights Watch han expresado su profunda preocupación por la situación en Catatumbo, y exhortaron al Estado colombiano a garantizar la protección de los derechos humanos y acelerar la respuesta humanitaria.

La región, históricamente golpeada por el narcotráfico, la minería ilegal y el abandono institucional, vuelve a ser el epicentro de una tragedia que exige no solo presencia militar, sino un compromiso real con la paz, la justicia y el desarrollo.