Italia y Dinamarca han presentado una propuesta conjunta ante la Comisión Europea que busca permitir la expulsión de migrantes con antecedentes penales de forma más ágil. Esta iniciativa, respaldada por otros siete países de la Unión Europea entre ellos Austria, Bélgica, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa, reabre el debate sobre la seguridad, los derechos humanos y la soberanía de los Estados en materia migratoria.

Actualmente, el marco legal europeo impide o retrasa muchas de estas expulsiones por razones humanitarias, especialmente cuando los migrantes provienen de países en conflicto. Sin embargo, los países firmantes sostienen que esta normativa, interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, limita la capacidad de respuesta de los Estados ante individuos que han cometido delitos graves dentro del territorio europeo.

“Europa necesita herramientas legales para proteger a sus ciudadanos sin renunciar a sus valores. Esta propuesta no criminaliza la migración, sino que busca actuar contra quienes violan las leyes”, aseguró la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Su homóloga danesa, Mette Frederiksen, añadió: “No podemos permitir que el principio de protección humanitaria impida tomar decisiones que afectan la seguridad pública de millones de personas”.

Críticas de organizaciones humanitarias

La propuesta no ha estado exenta de controversia. Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han alertado sobre el riesgo de que esta reforma derive en expulsiones arbitrarias o discriminatorias, afectando incluso a personas que ya cumplieron sus condenas.

Judith Sunderland, vocera de Human Rights Watch para Europa, advirtió: “Revisar estas normas sin garantizar procesos justos puede poner en riesgo los principios fundamentales del Estado de derecho y agravar la estigmatización de comunidades migrantes”.

Un tema que divide a Europa

El endurecimiento de las políticas migratorias ha cobrado fuerza en el último año. Según datos de la agencia europea Frontex, solo en 2024 se registraron más de 260.000 llegadas irregulares, el nivel más alto desde 2016. A su vez, el último Eurobarómetro muestra que 6 de cada 10 ciudadanos europeos consideran que la UE debe tomar medidas más estrictas frente a la migración irregular, especialmente en casos de reincidencia delictiva.

La propuesta será discutida oficialmente en la próxima cumbre del Consejo Europeo en junio. Si prospera, podría sentar las bases para una reforma significativa del sistema migratorio común.