La escasez de insulina en Colombia ha generado una crisis sanitaria de gran magnitud, afectando a más de 2 millones de pacientes diabéticos que dependen de este medicamento vital. La falta de insulina puede provocar complicaciones severas como cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, daño neurológico irreversible y un aumento en la mortalidad de los afectados.

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud descubrió que la empresa Audifarma, uno de los mayores distribuidores de medicamentos del país, tenía almacenadas 113.000 unidades de insulina en una de sus bodegas en Bogotá, mientras que numerosos pacientes denunciaban la imposibilidad de acceder a este fármaco en los puntos de dispensación. Este hallazgo ha generado un escándalo de gran impacto, revelando inconsistencias en la gestión y distribución de medicamentos esenciales.

Según la Asociación Colombiana de Diabetes, al menos un 20% de los pacientes con diabetes en el país han reportado dificultades para acceder a su tratamiento en los últimos tres meses. Esta situación ha llevado a que hospitales y clínicas enfrenten un incremento en la atención de urgencias por descompensaciones diabéticas.

Como respuesta inmediata, la Superintendencia ordenó la entrega urgente de la insulina retenida en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, organizaciones de salud y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre la posibilidad de que esta no sea una situación aislada, sino un reflejo de problemas estructurales en la cadena de suministro de medicamentos en Colombia.

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la escasez de insulina no solo afecta a Colombia, sino que es un problema global agravado por el alto costo de producción, monopolios en el mercado farmacéutico internacional y fallas en la importación debido a restricciones logísticas y fluctuaciones en el precio del dólar. A pesar de esto, el gobierno ha exigido una respuesta inmediata para evitar que la crisis siga poniendo en peligro la vida de miles de colombianos.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que esta situación podría estar vinculada a intereses económicos dentro de la industria de la salud, acusando a ciertos actores del sector de generar un desabastecimiento artificial. En respuesta, el gobierno ha anunciado la implementación de medidas más estrictas para garantizar la transparencia en la distribución de medicamentos, incluyendo auditorías periódicas y sanciones más severas para quienes incumplan con la entrega oportuna de insumos esenciales.

Mientras tanto, asociaciones de pacientes y profesionales de la salud han exigido sanciones ejemplares para las entidades responsables de la retención injustificada de insulina, así como la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real para evitar futuras crisis. También han instado al Congreso a agilizar reformas legislativas que permitan garantizar la importación directa de insulina en casos de emergencia sanitaria.